El Fracaso de la Honestidad Como Promesa Anticorrupción

Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico de 2027 incluirá una medida para combatir el huachicol fiscal: hacer trazable el IEPS de gasolinas y diésel para reconstruir su trayecto desde la importación hasta la venta final. Suena a un tecnicismo tributario, pero apunta a una corrección significativa en la lógica anticorrupción heredada del gobierno anterior. Da igual quiénes sean el importador, el funcionario aduanal, el marino o el gasolinero; a qué grupo pertenezcan, quién los haya nombrado o cuáles sean sus principios. Lo importante es que la circulación de los combustibles deje rastro a cada paso. La trazabilidad no supone credenciales de honestidad: impone mecanismos de verificación.

López Obrador partía de una lógica muy diferente. Para él, la corrupción se originaba en la cúspide del poder y desde ahí se extendía por todo el aparato público. “Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras”, prometió durante su campaña en 2018. La honestidad y el compromiso de un gobernante importan, desde luego. Con López Obrador, sin embargo, dejaron de ser sólo atributos deseables para convertirse en el fundamento de una teoría del cambio anticorrupción. El salto era absurdo: valorar la rectitud y la determinación presidenciales no equivale a asumir que pueden contagiarse mediante el ejemplo personal hasta volver prescindibles instituciones, procedimientos y controles. El problema empieza cuando la honestidad se presume más de lo que se exige. Porque la confianza así depositada en quienes ejercen el poder puede terminar sirviendo como argumento para no vigilarlos —y para estigmatizar como adversarios a quienes insistan en hacerlo.

A estas alturas, tratar aquella promesa como un simple error de diagnóstico resulta demasiado indulgente. López Obrador no era un recién llegado: había gobernado la Ciudad de México, llevaba muchos años denunciando la corrupción y conocía de sobra las redes de intereses, favores, complicidades y protección que la hacen posible. Tenía demasiado colmillo como para reducirlo todo a la calidad moral del presidente. Pero tampoco necesitamos especular sobre qué pensaba. Basta con observar cómo reaccionó cuando los escándalos alcanzaron a su gobierno y pusieron en entredicho la doctrina con la que había llegado al poder.

La reacción siguió una pauta. López Obrador respaldó la exoneración de Manuel Bartlett: “yo lo apoyo”, dijo, porque había defendido “los intereses del pueblo”; presentó como “aportaciones al movimiento” el dinero en efectivo recibido por su hermano Pío; cuando le preguntaron por qué la UIF no investigaba a Amílcar Olán, figura central de “El Clan” (la red de negocios alrededor de sus hijos y allegados), respondió “¿para qué?”; y, aun ante el desfalco multimillonario de Segalmex, lo describió hasta el final como “el único caso de corrupción” de su administración. Muy distinta era la respuesta cuando los señalados eran del viejo régimen o de la oposición. Sobre Rosario Robles sostuvo que, si había denuncias, procedía “darles curso”, porque un presidente que conociera un posible delito y no actuara sería “cómplice”; sobre García Luna, aseguró que mostraba “cómo operaba el sistema”. Mientras la corrupción ajena confirmaba la podredumbre de aquello que la autodenominada “cuarta transformación” pretendía dejar atrás, la propia podía relativizarse o presentarse como excepción. Así, su “no somos iguales” funcionó menos como un imperativo de conducta que como una credencial de pertenencia capaz de inhibir el escrutinio y favorecer la impunidad.

El problema no termina en la doble vara. Para combatir la corrupción, el ejercicio del poder necesita estar sujeto a supervisión y fiscalización independientes, mediante instrumentos capaces de requerir información, auditar cuentas e indagar hechos aunque resulten comprometedores. López Obrador, sin embargo, impulsó la desaparición del INAI, presionó a la ASF cuando sus auditorías lo incomodaron y trató con demasiada frecuencia el cuestionamiento público como antagonismo político. No sabemos cuánto sabía sobre la corrupción de los suyos, pero sí que debilitó varias instancias capaces de detectarla y hacerla pública. Apelaba a confiar en su honestidad cuando una política anticorrupción obligaba a desconfiar de su poder.

Esa apuesta fue especialmente visible en el trato a las Fuerzas Armadas. López Obrador les entregó puertos y aduanas para limpiar espacios que describía como capturados por el contrabando y la corrupción. Su argumento era que la disciplina, la cadena de mando y la obediencia militares permitirían contener lo que el “elefante echado, reumático y mañoso” de la administración civil no podía. Las Fuerzas Armadas recibieron así no sólo nuevas tareas, sino una presunción excepcional de confiabilidad. Y cuanto más poder, recursos y funciones acumulaban, más grave resultaba hacer de ella un sustituto de la rendición de cuentas.

El huachicol fiscal terminó por convertir en parte del problema a esas Fuerzas Armadas que López Obrador había presentado como parte de la solución. N+ Focus documentó la existencia de una red de empresas importadoras, transportistas, funcionarios aduanales, mandos militares y navales dedicada a introducir al país cargamentos de combustible haciéndolos pasar por otras mercancías para evadir impuestos. No hablamos, pues, de irregularidades aisladas, sino de una operación de escala industrial que enlazaba intereses privados con distintos niveles del Estado, incluidos uniformados encargados precisamente de impedir esas prácticas. La trazabilidad anunciada por Sheinbaum no puede agotarse en seguir la ruta del combustible: tendrá que seguir también las responsabilidades —quién decidió, quién omitió, quién protegió, quién se benefició— y llevar esa evidencia ante los tribunales.

Estamos, en suma, ante una posible corrección del enfoque heredado: al menos en este terreno, la promesa de combatir la corrupción deja de descansar en la supuesta honestidad personal de gobernantes o uniformados y empieza a apoyarse en mecanismos institucionales para vigilar y verificar su conducta. Es un avance, no una garantía. Falta ver cómo se instrumenta y qué resultados arroja. Pero la trazabilidad de mañana no debe ser coartada para la impunidad de ayer. La pregunta decisiva es si Sheinbaum estará dispuesta a habérselas con las consecuencias, sobre todo cuando impliquen confrontar intereses y lealtades dentro de su propia coalición.

@carlosbravoreg